Buchanan: cuando las soluciones públicas empiezan a formar parte del problema

En 1975, James M. Buchanan publicó Los límites de la libertad: entre la anarquía y el Leviatán, donde se preguntaba cómo damos al Estado el poder necesario para proteger nuestros derechos y organizar lo que necesitamos colectivamente, sin perder después el control sobre ese poder.

Buchanan distinguía dos funciones. El Estado protector que garantiza las reglas, los derechos y los contratos. Y el Estado productor que permite financiar y prestar bienes y servicios colectivos. Reconocía la necesidad de ambos, pero advertía de que la actividad pública también tiene incentivos, intereses y beneficiarios concretos (a menudo los propios políticos en el poder), y que por tanto la democracia no elimina por sí sola el riesgo de que las decisiones favorezcan a determinadas coaliciones a costa del conjunto.

Cincuenta años después la cuestión sigue teniendo gran parte de su vigencia. Ante cada problema parece imponerse una respuesta casi automática: una ayuda, una regulación, una nueva estructura administrativa, más gasto e intervención pública en definitiva. Así vamos acumulando obligaciones y compromisos. Cuando los recursos no alcanzan, se buscan nuevos ingresos por la vía de nuevos o mayores impuestos o se recurre a incrementar la deuda pública. Esto es, como toda deuda, traer a consumo de hoy lo que supuestamente ingresaremos en un futuro.

Cuando tampoco mejora el resultado, la primera explicación suele ser que todavía faltan más recursos públicos. La educación, la sanidad, las infraestructuras y la protección social pueden mejorar las oportunidades y la capacidad productiva, pero la cuestión es cuánto conseguimos con los recursos empleados, quién recibe realmente el beneficio y qué oportunidades se pierden por el camino.

Una regulación puede proteger al consumidor y pero también acabar protegiendo a las empresas instaladas frente a nuevos competidores. Una subvención puede facilitar una transformación necesaria o prolongar una actividad que ya no se sostiene económicamente. Una ayuda puede aliviar una necesidad inmediata sin resolver las causas reales que la reproducen y empeoran.

El problema distributivo aparece precisamente ahí. Podemos gastar más en nombre de la igualdad y, al mismo tiempo, hacer más difícil que alguien entre, compita y progrese. La acumulación y complejidad de las regulaciones pueden debilitar el dinamismo empresarial y el crecimiento de la productividad. El reto consiste en alcanzar los objetivos sociales sin imponer distorsiones de mercado evitables.

Cuando esa combinación falla, el malestar llega por todos los lados. Quien espera que funcione el ascensor social encuentra dificultades para acceder a una vivienda, consolidar un empleo o iniciar una actividad. Las clases medias, cada vez más menguadas, sienten que aportan cada vez más hasta el punto de poner en riesgo claramente su seguridad económica o sus perspectivas, debido a la excesiva presión fiscal.

Se forma entonces una espiral negativa; poco crecimiento, más necesidad de protección, nuevos compromisos de gasto y mayor presión recaudatoria sobre una economía que sigue sin ganar suficiente productividad. Un crecimiento de la deuda permite aplazar parte del ajuste, pero sus intereses compiten después con otras prioridades, y algún momento se convierte en insostenible. En septiembre de 2026, la OCDE volvía a advertir del aumento de la deuda pública tras las sucesivas crisis y de la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto y asegurar su sostenibilidad.

También hay por supuesto privilegios y lobbies privados, falta de competencia y decisiones empresariales poco productivas. Pero precisamente por eso hacen falta instituciones capaces de corregir esas situaciones de manera eficaz, que en los niveles actuales no pasa por mayor regulación, ni mayores impuestos, ni mayor intervención pública en una economía ya suficientemente inflexible.

Buchanan nos recuerda que no basta con esperar mejores gobernantes. Necesitamos explicar el coste completo de las decisiones públicas y evaluar sus resultados de manera objetiva, antes de pedir otro esfuerzo a un contribuyente, que ya hace tiempo que anda contando cómo se llega a final del mes.

La solidaridad necesita recursos, pero justamente por ello necesita una economía capaz de generarlos y unas instituciones que los conviertan en oportunidades reales. La trampa actual es seguir apoyando más intervención pública a cada nuevo problema, el mismo clavo y martillo no importa para qué, en lugar de advertir que mantener una política ineficaz, por muy bondadosa que sea su intención, termina perjudicando justamente a quienes pretendía ayudar.